Dentro de poco se cumplirá un mes de que la fiscal general, Diana Salazar, solicitó a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) una fecha para formular cargos por el delito de peculado contra el exvicepresidente Jorge Glas y los exfuncionarios públicos del correísmo Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico.
Por sorteo el caso está en manos de Luis Rivera, juez nacional que fue parte del Tribunal de Apelación que, en noviembre de 2022, declaró la nulidad en el denominado caso Singue, en el cual uno de los procesados por peculado era Glas, y quien, el 19 de junio pasado, sobreseyó a los 18 procesados por peculado en el conocido caso helicópteros Dhruv.
Salazar hizo la solicitud pues se habrían determinado hechos que configurarían un acto de corrupción relacionado con el delito de peculado en una obra vial, parte de la reconstrucción de Manabí, luego del terremoto de 2016.
“En 2019 la Contraloría General determinó la existencia de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción del proyecto vial Manta-Colisa, de 22 kilómetros, por más de $ 68 millones, fondos provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad. Por esa razón la Fiscalía abrió una investigación previa”, recordó Salazar en un video colgado en la cuenta oficial de Twitter de la Fiscalía.
En su explicación, la fiscal general recordó que el 16 de abril de 2016 Ecuador sufrió uno de los desastres naturales más devastadores de su historia reciente: el terremoto de Manabí, y para ese tema el Gobierno de la época -el de Rafael Correa- conformó el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y posteriormente se emitió la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana.
Diana Salazar sostiene que este proyecto, pese a que no cumplía con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad: emergencia, reconstrucción y reactivación, fue adjudicado el 30 de marzo de 2017 y fue establecido como prioritario, sin tomar en cuenta que existían 587 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto.
Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, cree que no se da paso a la formulación de cargos porque hay un “cálculo político electoral” de por medio, pues no se quiere afectar en época de campaña al movimiento al que pertenecen.
En el momento de darse la audiencia que solicita la Fiscalía, además de iniciarse la etapa de instrucción fiscal se debatirá sobre las medidas cautelares que solicite la instancia acusadora. Una de las posibilidades es que se pida prisión preventiva para los sospechosos y ese panorama podría cambiar la “libertad provisional” que mantiene el líder del correísmo gracias a medidas cautelares autónomas determinadas por Emerson Curipallo, juez de Santo Domingo de los Tsáchilas.